Florencia Morales: la Nación pidió indagar a los policías por privación ilegítima, abuso de autoridad y apremios

En el inicio de esta semana, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación tuvo su primera intervención en la investigación que lleva adelante la Justicia de San Luis por la muerte de Florencia Magalí Morales. El organismo había solicitado ser querellante y el juez Jorge Pinto accedió a principios de abril.

“Resulta fundamental el juicio y castigo por las violaciones a los derechos humanos que provocan ciertos efectivos utilizando el poder que les otorga el propio Estado”, fundamentaron en la presentación que realizaron para que Pinto llame a indagatoria a todos efectivos que participaron en la detención de la mujer en Santa Rosa del Conlara.

Subrayaron que la condena de estos delitos tiene el fin de “prevenir la repetición de este tipo de hechos en el futuro”.

Días atrás, el fiscal de la causa Roberto Silvestre solicitó que llamen a indagatoria a cinco policías que estuvieron el 5 de abril del 2020 en la Comisaría 25°: María Eugenia Arguello, Johana Torres, Marcos Ontiveros, Heraldo Clavero y Gabriel Tarano.

Florencia apareció muerta en una celda. Había salido el domingo por la mañana en plena cuarentena a buscar comida para sus hijos y nieta en bicicleta cuando fue detenida por efectivos porque no respeto la salidas de acuerdo al número de DNI.

Sin embargo, los abogados que representan a la familia de Morales, Santiago Calderón Salomón y Federico Putelli expusieron su disconformidad porque entre los miembros de la fuerza que quedaron excluidos se encuentra Javier Sosa.

El efectivo tenía un vínculo cercano con Florencia y ella lo había ido a buscar ese domingo a la dependencia, señalaron. Pero no estaba de guardia.

A esto se sumó que el representante del ministerio Público Fiscal requirió la declaración por incumplimiento de los deberes.

La Nación coincidió en la necesidad de la indagatoria, pero la enmarcó en los delitos de “privación ilegítima de la libertad mediante abuso de autoridad, y por haberle propinado apremios ilegales”.

Entre los argumentos, la secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti expuso que la madre de tres hijos fue “ilegalmente detenida, incomunicada, golpeada en sede policial (no presentaba golpes antes de su ingreso) y luego apareció muerta en un calabozo con un cordón que –según consta- no tenía en su poder”.

Por lo mismo, resaltaron que estos hechos de “inusitada gravedad” no deben ser “livianamente subsumidos al artículo 249 del Código Penal”.

“Eso sería obviar los graves delitos que hemos enunciado, propiciando directamente un escenario de impunidad”, afirmaron en el escrito.

Asimismo, requirieron que continúe la investigación por “la posible responsabilidad de los agentes policiales” en el deceso de Morales.

“Hasta aquí no puede descartarse, sino todo lo contrario”, insistieron.

Respecto a la privación ilegítima de la libertad, tuvieron en cuenta la detención “por exclusiva decisión policial, sin orden judicial” cuando el “supuesto delito” sólo “requería la realización de un acta y su inmediata liberación”.

Como agravante de lo anterior, mencionaron la “la incomunicación decretada policialmente”.

Sobre los apremios ilegales, citaron el informe de la profesional que atendió a Florencia antes de ser trasladada a la seccional, que no advirtió lesiones corporales.

La secretaría de Derechos Humanos transcribió la ampliación de la primera autopsia, donde el médico forense describió las marcas en brazo y muñeca izquierda, como así también en ambas rodillas por debajo de las rótulas.

“Es claro que en el lapso de tiempo de las 9:45 que salió del hospital, y alrededor de las 19, cuando fue encontrada sin vida por los efectivos, Magali recibió apremios ilegales en la comisaría”, sentenciaron.